Es con la mayor prudencia la única forma de referirse al acto de Gualeguaychú, en el corazón del conflicto por las papeleras.
Pretendió ser una demostración de Unión Nacional a la que debieron asistir clientes y empleados.
Un demagógico gesto de preocupación por el pueblo y el medio ambiente rodeado del gobernador, la senadora, diputados e intendentes de la provincia más contaminadora de América. Tan brutal fue esta imagen que hoy mismo el Presidente del Uruguay se refirió a éste vergonzoso hecho.
Según la descarada propuesta, la solución pasa por un dictamen favorable del Tribunal de La Haya, que obligaría a las plantas a suspender las obras por 90 días hasta que se realice un “estudio de impacto ambiental” la más grande de las mentiras que se han dicho. 90 días no le alcanzan al tribunal ni para enterarse que tienen que resolver.
Sólo es posible hacer una simple “proyección” de impacto ambiental en una fábrica que aún no ha entrado en producción, ateniéndose a las características del proceso industrial a poner en marcha, a la estimación de la fábrica sobre composición de los efluentes líquidos y gaseosos y el tratamiento previsto para los mismos. Esa información obviamente existe en poder de la empresa, si no la ha dado por algo ha de ser y nadie puede pensar que vaya a perjudicar sus intereses dándosela al Tribunal de la Haya. Sin esta información es absolutamente imposible, por muy sofisticadas técnicas que se utilicen determinar el impacto ambiental de algo que no existe.
Es una oficialización de la política de los hechos consumados, la misma que se siguió desde el principio y permitió que las cosas llegaran a éste punto. Como ocurrirá con la planta proyectada sobre el mismo río en Brasil frente a la provincia de Corrientes.
Muy distinto sería el caso de determinar el grado y peligrosidad de la contaminación de las cuencas del Reconquista y del Matanzas que se vuelcan al Río de la Plata, otro río compartido, concepto sobre el que pontifica el mandamás argentino.
Por la boca muere el pez, es antiguo y es cierto.
Dejando de lado el impacto sobre el medio ambiente, las plantas en la ubicación proyectada, son una formidable y real amenaza a la Salud Pública de Uruguay y Argentina.
Con estudios de impacto o sin ellos, un funcionario incapaz de controlar la contaminación en su propio territorio, no puede vociferar que va a controlar y garantizar lo que ocurre en el extranjero. Ni tirarle la responsabilidad a lo que no hicieron gobiernos anteriores, cuando en cuatro años lo único que hizo fue aumentar el nivel de polución ambiental.
No me representa nadie y mis lealtades están con mi Patria, con mis conciudadanos y familiares envenenados día a día, callarlo por una ridícula pose patriotera sería ser cómplice. La Nación se hará grande desarrollando sus capacidades y virtudes, no escondiendo la basura bajo la alfombra.
Si hubo un “Nüremberg” para ahorcar criminales de guerra que mataron con gas prisioneros, ¿porque no habría de haberlo para los que matan con agua, a los que pagan por envenenar y a los que cobran por permitirlo?
Los Uruguayos a su problema, que no es menor, quisieron un Frente Amplio, bien, ejercieron un derecho, llegó la hora de las obligaciones y mostrar que tienen espaldas para aguantarlo.
Pretendió ser una demostración de Unión Nacional a la que debieron asistir clientes y empleados.
Un demagógico gesto de preocupación por el pueblo y el medio ambiente rodeado del gobernador, la senadora, diputados e intendentes de la provincia más contaminadora de América. Tan brutal fue esta imagen que hoy mismo el Presidente del Uruguay se refirió a éste vergonzoso hecho.
Según la descarada propuesta, la solución pasa por un dictamen favorable del Tribunal de La Haya, que obligaría a las plantas a suspender las obras por 90 días hasta que se realice un “estudio de impacto ambiental” la más grande de las mentiras que se han dicho. 90 días no le alcanzan al tribunal ni para enterarse que tienen que resolver.
Sólo es posible hacer una simple “proyección” de impacto ambiental en una fábrica que aún no ha entrado en producción, ateniéndose a las características del proceso industrial a poner en marcha, a la estimación de la fábrica sobre composición de los efluentes líquidos y gaseosos y el tratamiento previsto para los mismos. Esa información obviamente existe en poder de la empresa, si no la ha dado por algo ha de ser y nadie puede pensar que vaya a perjudicar sus intereses dándosela al Tribunal de la Haya. Sin esta información es absolutamente imposible, por muy sofisticadas técnicas que se utilicen determinar el impacto ambiental de algo que no existe.
Es una oficialización de la política de los hechos consumados, la misma que se siguió desde el principio y permitió que las cosas llegaran a éste punto. Como ocurrirá con la planta proyectada sobre el mismo río en Brasil frente a la provincia de Corrientes.
Muy distinto sería el caso de determinar el grado y peligrosidad de la contaminación de las cuencas del Reconquista y del Matanzas que se vuelcan al Río de la Plata, otro río compartido, concepto sobre el que pontifica el mandamás argentino.
Por la boca muere el pez, es antiguo y es cierto.
Dejando de lado el impacto sobre el medio ambiente, las plantas en la ubicación proyectada, son una formidable y real amenaza a la Salud Pública de Uruguay y Argentina.
Con estudios de impacto o sin ellos, un funcionario incapaz de controlar la contaminación en su propio territorio, no puede vociferar que va a controlar y garantizar lo que ocurre en el extranjero. Ni tirarle la responsabilidad a lo que no hicieron gobiernos anteriores, cuando en cuatro años lo único que hizo fue aumentar el nivel de polución ambiental.
No me representa nadie y mis lealtades están con mi Patria, con mis conciudadanos y familiares envenenados día a día, callarlo por una ridícula pose patriotera sería ser cómplice. La Nación se hará grande desarrollando sus capacidades y virtudes, no escondiendo la basura bajo la alfombra.
Si hubo un “Nüremberg” para ahorcar criminales de guerra que mataron con gas prisioneros, ¿porque no habría de haberlo para los que matan con agua, a los que pagan por envenenar y a los que cobran por permitirlo?
Los Uruguayos a su problema, que no es menor, quisieron un Frente Amplio, bien, ejercieron un derecho, llegó la hora de las obligaciones y mostrar que tienen espaldas para aguantarlo.
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