Lo prevee explícitamente la Constitución Nacional para el primer magistrado incapacitado física, mental o moralmente para ejercer el cargo.
Que se abstengan de hacerlo quienes tienen el atributo legal para ejecutarlo es gravísimo delito, son infames traidores a la Patria y deben responder por los daños emergentes.
La memoria y justicia histórica, alguna vez borrará el nombre de los que en los setenta se abstuvieron. Los verdaderos responsables de cientos de asesinatos, de la crisis social y económica que aún pagamos, de los prisioneros políticos que agonizan en campos de concentraciones legales. Incluso de esos 30.000 desaparecidos que tanto exhiben sus sucesores, como del último centavo que defraudaron al estado en concepto de indemnizaciones por actos voluntarios contra la ley.
Repugnan los cobardes que hacen denuncias penales contra un presidente, se abstienen de iniciar su juicio político y dándose vuelta proclaman a los cuatro vientos que esperan que concluyan su mandato, haciendo todo lo posible para que así sea.
Es insultante escuchar a diputados y senadores proclamando su proyecto de revisar el presupuesto para pagar la deuda, sin derogar primero la suma del poder delegada que les permite reciclar ingresos y presupuesto a su antojo.
Hacer malabarismos argumentales y legales para convalidar y aceptar el distorsivo impuesto al cheque.
Repartir concesiones para sumar votos, en fin la misma mierda con distinto nombre.
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