marzo 26, 2007

Derechos fundamentales en tela de juicio



Colaboración especial del Dr. Federico Silva Ortiz, publicado en
http://www.e-droit.blogspot.com/


Los abogados tenemos muchos problemas a la hora de “conectar” con la gente, pero la raíz de todos ellos sin duda alguna se limita a la pésima forma que tenemos de transmitir la información y al desconocimiento general por parte de la población en torno a “¿Que es el derecho?” y que debe de ser y regular.Sin desde luego pretender cometer la temeridad de esbozar un “teoría del derecho” sobre la que desde luego existen miles de grandísimos libros, tratados, discusiones filosóficas etc, y cuya importancia capital se ve reflejada en su inclusión como materia en todos los programas de derecho de todas las universidades, diré que el Derecho se compone de un conjunto de reglas cuyo objeto es regular una sociedad dotándola de límites y derechos, e instituciones u organismos, creados para impartir justicia cuando existen conflictos interpersonales.La reflexión se me planteó hoy con motivo de una discusión en torno a los derechos individuales tales como el derecho a la intimidad, al secreto de las comunicaciones, a la inviolabilidad del domicilio etc. Todos ellos recogidos en la Constitución Española y en todas las constituciones de nuestro entorno como “derechos Fundamentales”. La postura conflictiva de mi interlocutor era básicamente que todos los procedimientos garantistas de derechos individuales, (escuchas telefónicas, localizaciones etc) estaban diseñados para proteger a quienes actúan o viven al margen de la ley. Ello entroncado con cuestiones de tipo político tales como si éste tipo de reglas o procedimientos son producto de políticas socialistas, etc. Y para rematar y como nunca puede estar ausente en cualquier crítica a lo que al mundo del derecho representa, la “muletilla” de que todo ésta gira en torno a un enorme y macabro negocio de los abogados, el siempre presente: “Esto es un invento de los abogados para facturar, soltar asesinos, violadores etc”.
El razonamiento de mi interlocutor, que desde luego no comparto como seguramente la gran mayoría de vosotros, operadores del derecho que lean éste blog o que entiendan de derecho, representa el sentir o el pensar de muchos ciudadanos en el mundo en general y al mismo tiempo revela el clamoroso fracaso de los agentes jurídicos, en explicar que és y para qué sirve el derecho, lo que incluye desde los Jueces de más alto rango de las judicaturas, hasta los estudiantes de derecho.Claro que ésta carencia de explicación nada tiene de inocente. Resulta obvio que a los abogados en general les resulta más ventajoso que sus clientes lo desconozcan “todo” del derecho porque eso les permitirá facturar cuando no era necesario, facturar más de lo necesario y tener menos control por parte del cliente a la hora de realizar el trabajo. Así el resultado de un encargo se configura más como una lotería o la elaboración de una pócima mágica, que como lo que es; una obligación de medios, en donde excepto en raras ocasiones, los resultados son medianamente previsibles, en uno u otro sentido.En ésta ocasión mi interlocutor defendía que el “estado” (quedando por definir quién, pero circunscribiéndolo en principio a las fuerzas de seguridad) debería tener la potestad para en determinados casos de “urgencia” o “emergencia” poder actuar en tal o cual sentido sin la necesidad de esperar la autorización de un juez. De ésta manera se permitiría por ejemplo a la policía “pinchar” un teléfono, aún sin orden judicial, si se cree o se sospecha que ello puede ayudar a evitar un delito o a localizar al autor de alguno ya cometido, o a localizar a través del GPRS del teléfono móvil de una persona, sin mediar desde luego orden alguna de hacerlo.Naturalmente a todos nos surgirá la palabra “límites”, es decir ¿cuáles son los límites? ¿En que casos se podría y en cuáles no? etc. Pero en la práctica no se llega a entender que todos estos principios, reglas y procedimientos garantistas constituyen exactamente eso, los límites para que no se abuse de un poder. Es de todos conocida aquella frase de Voltaire, de que todo aquel que tiene poder tiende a abusar de él por una cuestión de naturaleza humana, pero son todos éstos procesos los que pretenden con mayor o menor éxito, “garantizar” que las reglas sean iguales para todos.Concluir que el resultado de éstas garantías o más aún, que la idea de las mismas es proteger a los delincuentes es desde luego simplista y erróneo.Lo es, porque estas garantías constituyen ni más ni menos que la seguridad jurídica sin la cual un país no puede avanzar. La necesidad de procedimientos que garanticen la igualdad de los ciudadanos ante la ley y que éstos solo puedan ser condenados por las pruebas debidamente recogidas y valoradas, no constituye un capricho ni muchísimo menos un “negocio jurídico”, constituye una regla básica de cualquier sociedad organizada para que pueda impartirse justicia, y no proviene desde luego de ideologías de derechas o de izquierdas sino de antiquísimas instituciones del derecho, tanto griegas como romanas, creadas para poder impartir justicia y regular una sociedad real y no ideal. Solo cabe imaginarnos que si éstos no existieran, no solamente el control sería dispar ¿quién controlaría a los controladores? Sino completamente injusto y arbitrario. Si no existieran reglas por ejemplo para poder registrar un domicilio podríamos sufrir extorsiones por parte de la policía, so pena de allanar la casa y encontrar cualquier tipo de sustancias, naturalmente no de nuestra pertenencia. O al mismo tiempo podría catalogársenos como de izquierdas o de derechas, heterosexuales, u homosexuales, ateos o creyentes, recordando que no hace mucho, la confesión espiritual de uno o su pertenencia a una determinada etnia, era el único límite entre caminar por la calle o estar en un campo de concentración.Es necesario mencionar que la postura de mi interlocutor esta quizás influenciada por vivir en EEUU, y puede observarse en parte del razonamiento esa particular visión americana del mundo, iniciada a través de la “guerra preventiva” y que como todos sabemos consiste en atacar antes que el otro me ataque. “Antes que me ataques, por las dudas, te ataco yo”. Esta postura está entroncada con la anterior en cuánto a que convierte a todos los ciudadanos en sospechosos. Como parte de ésta “doctrina” actual en EEUU y derivada de la
Patriot Act, se invierte la fórmula y, todos los ciudadanos pasan a ser sospechosos de algo por el simple hecho de su naturaleza humana, y como consecuencia de ello, son sujetos pasibles de todo tipo de invasiones a su privacidad: correo, teléfono, e-mails etc, bajo el argumento que “algo puedes ocultar” y de todas maneras no deberías preocuparte porque “Los chicos buenos no deberían tener nada que ocultar”.Este razonamiento, a mi juicio solamente aplicable en EEUU puede dar como resultado cualquier tipo de engendros; desde la utilización de sistemas de escucha para el espionaje de secretos empresariales, no solo ya por parte de espías industriales sino por parte del propio gobierno, hasta la utilización del sistema por parte de un policía para conocer la vida sexual de sus vecinos, pasando por un inacabable arco iris de ejemplos.La conclusión es que si bien, a nadie le deben quedar dudas de que todo sistema organizado de reglas o procedimientos que garantizan los derechos individuales favorece en muchas ocasiones a quienes comenten delitos, o hasta me atrevería decir les favorecen especialmente (tener presente la teoría del fruto del árbol envenenado), esto nada tiene que ver con que existan por ellos ni menos aún para proteger delincuentes; existen y se aplican para proteger a toda una sociedad dotándolas de reglas comunes y generales a todos, a través de procedimientos que garanticen nuestros derechos, para que la sentencia derivada de los mismos pueda ser considerada “justicia” aunque en muchas ocasiones la gente que exige justicia, en realidad esté exigiendo venganza.

1 comentario:

Anónimo dijo...

Sencillo,claro,directo y sin rebusques, abre sin fanatismos una cuestión de todos los días. Excelente