DERECHOS INDIVIDUALES TRANSFORMADOS EN DELITOS

Cuando los derechos individuales son delito y los delitos oficiales son derechos, estamos en el horno
El que sabe enseña y el que no manda.
Como la moneda de oro es circular debe rodar, es precisamente lo que estoy haciendo, recíbala y póngala nuevamente en movimiento, será por el bien de todos y no para el mal de ninguno.
Por Roberto Cachanoski
Los argentinos hemos aceptado que nos prohíban comprar, producir y vender lo que queremos, que nos digan cómo debemos ahorrar, que nos cobren cada vez más impuestos sin que el Estado rinda cuenta de sus gastos y hasta que nos digan qué tenemos que pensar y qué podemos decir y qué no públicamente. ¿Somos libres o estamos presos?
Cada día que pasa, el discurso del Gobierno tiende a tratar de convencernos de que los derechos de los habitantes empiezan a transformarse en delitos y que lo que son delitos y abuso del uso del poder, son derechos de los gobernantes que buscan el bienestar de la población.
Si hoy alguien quiere ejercer su derecho a enviar sus ahorros al exterior porque desconfía de la seguridad jurídica, según el discurso del Gobierno es un delincuente, cuando en rigor el acto delictivo lo comete el Estado violando el derecho de propiedad y generando inseguridad jurídica.
Si alguien quiere comprar dólares para defenderse de la inflación, o porque se le da la gana, es un delincuente. Justamente el viernes pasado, el ministro de Economía Hernán Lorenzino afirmó que el mercado marginal o blue hay que verlo como un acto delictivo. Siendo que el dólar es una mercadería como cualquier otra, no se entiende por qué comprar una simple mercadería llamada dólar se transforma en un acto delictivo y no es un delito prostituir el valor del peso. ¿Por qué es delito defenderse de la inflación que genera el Estado y no lo es destruir el peso como moneda?
Si alguien quiere, con el fruto de su trabajo, comprar una mercadería importada es un delincuente si el Estado no lo autoriza, pero no es un acto delictivo que un funcionario público utilice el monopolio de la fuerza para violar el derecho a que cada uno utilice sus ingresos como mejor le parezca y compre lo que considera más conveniente para él.
Alguien que emite una opinión sobre la evolución del mercado inmobiliario inmediatamente es denunciado públicamente por su situación fiscal, desviando el tema de lo que ocurre realmente en dicho mercado, y el derecho a la libre expresión pasa a ser reprimido.
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