En los últimos años son incontables en nuestro país las sentencias de inconstitucionalidad total o parcial de la legislación, tanto en tribunales inferiores como en la Suprema Corte de Justicia. Este hecho necesariamente provoca en los profanos una reflexión. Hay algo que no sirve o está muy mal.
O no sirve la Constitución, o no sirven los legisladores, o quienes redactan los proyectos que envía el ejecutivo, o los jueces no son idóneos. Casi llama la atención que no se haya planteado la “inconstitucionalidad” de ésta norma Constitucional, que como único requisito plantea la idoneidad para desempeñar un cargo público. No debiera sorprender que se plantee semejante dislate, permitiría blanquear infinitas situaciones en los tres poderes. En Argentina todo es posible. Casi podría ser un “slogan” de campaña, que el dictador, podría vomitar de cualquier tribuna: “los ignorantes al poder” o “hay que discriminar a los sufridos excluidos sociales”. Además a el también le caben las generales de la ley.
Volviendo a la legislación, recientemente se ha publicado sobre la increíble cantidad de leyes vigentes que no se aplican, hace poco he publicado un artículo con un trato superficial del tema (legislando porque si o legislando para el caos). La historia esa gran maestra a la que siempre recurro enseña que todas las civilizaciones comenzaron a multiplicar la legislación en el momento que comenzaba su disolución y acá no somos la excepción aún cuando nunca alcanzamos la grandeza. En cuanto aparece un problema la respuesta es unánime: “hace falta una ley”. Y cuando se hace la ley, siempre queda en el tintero determinar quien tiene el poder de policía para hacerla cumplir, con lo que una hermosa y medulosa ley se convierte en letra muerta. Pero estamos en la inconstitucionalidad, sin ser un experto en trámites parlamentarios, se que existe una Comisión de Asuntos Constitucionales por lo que me pregunto ¿esta comisión en que tiene ingerencia?. No soy tan ingenuo como para creer que un dictamen favorable de ésta Comisión garantizara en un mínimo la constitucionalidad de la ley. El nivel intelectual de los legisladores, su supina ignorancia en técnica legislativa y la integración de las comisiones, determinada por razones políticas totalmente al margen de los conocimientos y capacidad intelectual de sus miembros no permite hacerse ilusiones. Así funcionan las instituciones y la República sometida a la dictadura de la partidocracia.
Este problema es fundamental a la hora de la meneada “seguridad jurídica” presupuesto obligado para que haya inversiones y entren capitales que contribuyan al desarrollo y crecimiento del país.
Pareciera que va tomando forma este “nuevo país” que están construyendo. Si le gusta quédese, sino obre en consecuencia.
O no sirve la Constitución, o no sirven los legisladores, o quienes redactan los proyectos que envía el ejecutivo, o los jueces no son idóneos. Casi llama la atención que no se haya planteado la “inconstitucionalidad” de ésta norma Constitucional, que como único requisito plantea la idoneidad para desempeñar un cargo público. No debiera sorprender que se plantee semejante dislate, permitiría blanquear infinitas situaciones en los tres poderes. En Argentina todo es posible. Casi podría ser un “slogan” de campaña, que el dictador, podría vomitar de cualquier tribuna: “los ignorantes al poder” o “hay que discriminar a los sufridos excluidos sociales”. Además a el también le caben las generales de la ley.
Volviendo a la legislación, recientemente se ha publicado sobre la increíble cantidad de leyes vigentes que no se aplican, hace poco he publicado un artículo con un trato superficial del tema (legislando porque si o legislando para el caos). La historia esa gran maestra a la que siempre recurro enseña que todas las civilizaciones comenzaron a multiplicar la legislación en el momento que comenzaba su disolución y acá no somos la excepción aún cuando nunca alcanzamos la grandeza. En cuanto aparece un problema la respuesta es unánime: “hace falta una ley”. Y cuando se hace la ley, siempre queda en el tintero determinar quien tiene el poder de policía para hacerla cumplir, con lo que una hermosa y medulosa ley se convierte en letra muerta. Pero estamos en la inconstitucionalidad, sin ser un experto en trámites parlamentarios, se que existe una Comisión de Asuntos Constitucionales por lo que me pregunto ¿esta comisión en que tiene ingerencia?. No soy tan ingenuo como para creer que un dictamen favorable de ésta Comisión garantizara en un mínimo la constitucionalidad de la ley. El nivel intelectual de los legisladores, su supina ignorancia en técnica legislativa y la integración de las comisiones, determinada por razones políticas totalmente al margen de los conocimientos y capacidad intelectual de sus miembros no permite hacerse ilusiones. Así funcionan las instituciones y la República sometida a la dictadura de la partidocracia.
Este problema es fundamental a la hora de la meneada “seguridad jurídica” presupuesto obligado para que haya inversiones y entren capitales que contribuyan al desarrollo y crecimiento del país.
Pareciera que va tomando forma este “nuevo país” que están construyendo. Si le gusta quédese, sino obre en consecuencia.
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